Proponen legalización de un millón de indocumentados en California
La iniciativa Acta de Oportunidad y Prosperidad lanzada desde Sacramento, propone legalizar a los indocumentados que han vivido en California durante cuatro años consecutivos sin antecedentes delictivos
SAN DIEGO (NTX).-
Cientos de voluntarios
comenzaron a reunir en
California poco más de
medio millón de firmas
de electores empadronados,
el objetivo es respaldar
una propuesta para
la legalización de cerca
de un millón de indocumentados
en el estado.
La iniciativa Acta de
Oportunidad y Prosperidad
lanzada desde
Sacramento, propone legalizar
a los indocumentados
que han vivido en
California durante cuatro
años consecutivos
sin antecedentes delictivos,
pagar una multa
y que dominen o estén
aprendiendo inglés. En
términos generales en
California habría más de
tres millones de indocumentados,
según cálculos
oficiales y extraoficiales.
De ellos alrededor de
un millón llenan los reqesuisitos
planteados en la propuesta. La iniciativa
dice en su texto que los trabajadores
indocumentados ya aportan a la economía
estatal mediante sus impuestos, pero que
de aprobarse la medida California obtendría
por lo menos 325 millones de dólares
adicionales. Un legislador del central Valle
de San Joaquín quien apoya la propuesta,
Felipe Fuentes, dijo que la iniciativa es un
llamado de atención a Washington sobre la
importancia de aprobar una reforma migratoria.
La iniciativa contrasta con una serie de
propuestas de leyes en varios estados del
país que tratan de criminalizar a los indocumentados
y sugieren persecución y
expulsión como remedio.
Mientras, en California cada vez más condados
se oponen a colaborar con un programa
del Departamento de Seguridad
Interior (HSD), el e-Verify o verificación
electrónica de documentos, que ha deportado
a cientos de miles de migrantes
sin antecedentes, muchos de ellos padres
de hijos estadunidenses.
El gobernador Jerry Brown aprobó este año
una ley que permite a los indocumentados
universitarios solicitar becas privadas, otra
que los autoriza a pedir becas oficiales y
una más que prohibe que agentes policiales
confisquen vehículos, detengan y deporten
indocumentados que conducen sin
licencia porque el estado se las niega.
