El pasado Jueves, 8 de diciembre, el gobernador de Minnesota, Tim Pawlenty sostuvo una conferencia de prensa en la que anunció oficialmente que tenía en sus manos un informe titulado “El Impacto de la Inmigración Ilegal en Minnesota”. El informe, elaborado por la Oficina de Planeación Estratégica del Departamento de Administración del Estado de Minnesota, fue elaborado específicamente a petición del gobernador y entregado por la Comisionada Dana Badgerow.
El gobernador inició su discurso diciendo “Muchas comunidades en Minnesota y en el país han hecho públicas sus preocupaciones sobre la inmigración ilegal. Necesitamos recordar que la nuestra es una nación de inmigrantes y que debemos apoyar la inmigración legal y ordenada. Desgraciadamente el sistema actual no hace ninguna de estas dos cosas y necesita ser reformado”. Luego, él y su equipo procedieron a dar lectura a los resultados del informe.
De acuerdo al informe, los “trabajadores ilegales” (a los cuales preferimos llamar y llamaremos “trabajadores indocumentados”), cuestan al estado una cifra entre $175 y $188 millones y es aquí donde empiezan los problemas del informe.
Después de una buena cantidad de aseveraciones sin sustento, el informe prosigue diciendo que el Departamento de Planeación Estratégica del estado pudo identificar 3 rubros en los que los “trabajadores indocumentados” se han convertido en una carga para el estado. Asegura que los hijos de estos trabajadores indocumentados cuestan al estado de $146 a $158 millones al año en educación (de acuerdo al costo estimado de gastos por estudiante para el año 2003-2004 -ADM 2003-2004-, $8,379). Los números continúan sumando y agregan $17 millones pagados por el estado para cubrir gastos en el sistema de salud generados por estos “trabajadores indocumentados”. Da un salto grande y luego lanza una cifra de $13 millones, como el costo estimado de procesar, encarcelar, mantener y hasta deportar a una buena cantidad de “Trabajadores Indocumentados” que han cometido algún delito y para colmo de males argumenta que los “trabajadores indocumentados” desplazan a los trabajadores domésticos, dando como resultado una pérdida de empleos y una reducción en los salarios.
La aritmética del estado es sencilla, 146+17+13 son $176 millones, bajo números conservadores. La segunda suma, una menos conservadora nos dice 158+17+13 para $188 millones. Ambos números muy “alarmantes” para el estado, de acuerdo a las propias palabras de la Comisionada Badgerow (Star Tribune 9 de diciembre de 2005).
Los números son “alarmantes” y dejan mucho en que pensar, especialmente tomando en cuenta que el informe ni siquiera menciona el otro lado de la moneda, los aportes de los indocumentados a la economía del estado.
Ningún informe de “Impacto Económico” puede estar completo cuando se presenta sólo una cara de la moneda y eso lo saben muy bien el gobernador y la Comisionada Bagerow. Hacerlo es presentar un informe sesgado y orientado al único punto de vista estudiado y eso no es aceptable, especialmente cuando ese informe pretende ser utilizado como una base para discusión de “Políticas” sobre inmigración en el estado. Preguntada sobre las razones por las que el estudio no presenta dichos aportes, la Comisionada Badgerow cándidamente dijo que el gobernador Pawlenty no había solicitado se hiciera ese informe.
La candidez y la inocencia de la Comisionada serían algo risible a no ser por declaraciones publicadas por el Pioneer Press que le atribuyen las siguientes palabras “Obviamente, existe una escuela de pensamiento que asegura que existe una ventaja en tener a estas personas en nuestra fuerza laboral, simplemente no investigamos ese lado del asunto” (Pioneer Press, 9 de diciembre de 2005).
Podríamos llamarlo “miopía de estado” pero las palabras del vocero del gobernador, Brian McClung, nos hacen pensar cosas muy diferentes. McClung aseguró que el gobernador podría tener algunas propuestas de ley que someterá a consideración el próximo año.
Conocemos muy bien el record del gobernador y escuchar esas palabras nos hacen pensar muy seriamente en el asunto. Si el gobernador Pawlenty basó su campaña en una propuesta anti-inmigrante, bajo la bandera de la “seguridad pública” (el infame Status Check en las licencias de conducir de los extranjeros legalmente viviendo en el estado) y luego intentó forzar a las ciudades de Minneapolis y St. Paul a derogar las ordenanzas que impiden a los departamentos de Policía de ambas ciudades a actuar como oficiales de inmigración, éste bien podría ser el inició de otro ataque anti-inmigrante desde la oficina del gobernador.
Por supuesto, el momento fue ideal. El informe se presentó justo un día antes que el Presidente Bush llegara a la ciudad de Minneapolis para una recaudación de fondos en favor de Mark Kennedy (quien busca el escaño que Mark Dayton dejará vacante en el Senado el próximo año) y fue recibido con aplausos en los cuarteles republicanos y ampliamente discutido durante la recepción en honor del presidente.
Ahora vayamos a la otra cara de la moneda, esa a la que el prefacio del reporte se refiere cuando dice “Este reporte no considera ninguno de los beneficios que la inmigración ilegal aporta en áreas como empleo e impuestos”. Pues bien, esa faceta fue estudiada y ampliamente documentada por el economista James J. Kielkopf, quien en septiembre de 2000 publicó el informe “El Impacto de los Trabajadores Indocumentados en la Economía de Minnesota”, patrocinado por HACER (Una copia de este informe puede ser obtenida en http://www.hacer-mn.org/PDFs/Undocumented.pdf).
El reporte del estado dice únicamente “existen aproximadamente 8,000 trabajadores ilegales que presentan sus planillas de impuestos -utilizando su número ITIN- para engrosar los ingresos del estado. Los trabajadores ilegales también pagan impuestos, a través de las retenciones de impuestos que realizan los empleadores. Como no presentan sus planillas de declaración, las devoluciones como excedente de pago son almacenadas por el gobierno federal y estatal y dan como resultado “retenciones no pagadas”. A pesar de esto, existen algunas personas que argumentan que el monto de estos fondos es una cifra significativa, aún cuando la cantidad exacta, atribuible a los inmigrantes ilegales es desconocida”.
Esta aseveración resulta inaceptable para una Oficina de Planeación Estratégica del Departamento de Administración del Estado. Inaceptable porque afirma la poca o ninguna intención de documentar la otra cara de la moneda y de establecer la realidad de la situación, aún cuando sea de una forma aproximada (es imposible mirar hacia el futuro cuando solamente se tiene una pequeña porción de la información).
Por otro lado y, en situación opuesta al estado, el informe realizado por Kielkopf sí se atreve a hacer conjeturas, a hacer estimados, a calcular números y presentar resultados. Kielkopf estableció que la mayor parte de “trabajadores indocumentados” trabaja en 6 sectores económicos en el estado y calculó que podrían llegar a ser 48,000 (a septiembre de 2000). Aclara en su informe que sus cálculos se basan en cifras aportadas por empleados y empresarios de esas 6 áreas y establece una cota mínima y una cota máxima.
De acuerdo a Kielkopf, los 48,000 empleados de esas 6 actividades comerciales generaron un total de $311 millones para el Seguro Social y $345 millones en Impuestos Estatales y otros cargos, durante el año 2000. Sumado, 311+345 nos da un total de $646 millones. La aritmética de la ecuación es sencilla y para cualquiera que vea esta cifra resulta obvio que los números son positivos. El informe del estado asegura que el número de trabajadores indocumentados ha crecido hasta llegar a poco más de 80,000 para el año 2005. Una simple regla de 3 nos diría que entonces esos 80,000 trabajadores aportarían $518 millones al Seguro Social y $575 millones en impuestos para el año 2005, para un total de $1,077 millones, pero en dinero del año 2000. Si hacemos un simple ajuste de inflación del 7% (sin considerar otros factores), ese número se convierte en $1,152 millones. Hagamos la resta, 1,152-188 y obtenemos como resultado $964 millones a favor del estado.
Kielkopf fue más allá, estudió el poder de compra de los trabajadores indocumentados y estableció, en su cota inferior, que la actividad comercial generada por la capacidad de compra de los trabajadores indocumentados generaba un estimado de $1.02 billones al año en impuestos y cargos por servicios (para el año 2000).
Kielkopf concluyó,además, que la pérdida de la mano de obra que proporcionan los trabajadores indocumentados al estado se convertiría en una pérdida del 40% del crecimiento económico del estado, ya que las actividades comerciales generadas por ellos representaban un 2.4% del Producto Interno Bruto del estado a septiembre de 2000.
Vemos dos informes muy diferentes. Dos caras muy distintas de la misma moneda. Por un lado un informe del estado con un enorme sesgo y por otro lado un informe bien documentado que establece una realidad aproximada.
El estado nos falló y nos presentó un informe incompleto, el cual pretende utilizar como base de propuestas de ley. Hacer eso sería nefasto y pondría a nuestro estado en un franco retroceso político, económico y cultural. Necesitamos verdaderos estudios, que nos muestren la realidad de las cosas, estudios que nos digan cuál es la verdadera situación para poder tomar decisiones responsables. Eso es lo que los ciudadanos esperamos de un Departamento de Planeación. Eso es lo que los ciudadanos esperamos de un líder, de nuestro gobernador y eso no fue lo que vimos el pasado jueves. Ese informe, presentado con tanto aspaviento, ha puesto en marcha la maquinaria xenófoba y anti-inmigrante de grupos que no esperan más que una oportunidad para iniciar una lucha que podría llevarnos a extremos desconocidos.