Desde hace varios días el gobierno mexicano está lidiando con otro nuevo escandalito, derivado nada menos que de las medidas que el gobierno de Estados Unidos ha aplicado a Cuba vía la ruta del embargo comercial.



En 1996, al entrar la ley Helms-Burton, se endureció el embargo económico hacia la isla caribeña, embargo que se había establecido en 1961. Esta ley prohíbe a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar negocios o prestar servicios a Cuba.



Parece ser que el largo brazo de esta ley, o más bien, del embargo; llegó hasta México DF.



En días pasados un grupo de empresarios cubanos se encontraban hospedados y en reuniones de trabajo con un grupo de empresarios norteamericanos en el Hotel María Isabel Sheraton, un hotel de mucha historia y tradición en la Ciudad de México.



Repentinamente y sin razón alguna, la administración del hotel pidió a la comitiva cubana que se retirara. Dijo que por motivos no específicos, no podrían alojarse o reunirse en esa propiedad, que a su vez es propiedad de la cadena de hoteles Starwood Hotel & Resorts Worldwide Inc, una compañía norteamericana.



Los representantes cubanos no se hicieron esperar, y denunciaron públicamente el maltrato que sufrieron, justificando éste como una aplicación de la ley Helms-Burton, misma que consideraron fuera de lugar puesto que se estaba en México, no en Estados Unidos.



Aunque al principio se dudó de esta teoría, se comprobó efectivamente que sí había sido así. Kirby Jones, representante de Alamar Associattes y organizador del evento, señaló que tuvo conocimiento de que la oficina principal de Starwood Hotel & Resorts Worldwide Inc. recibió una llamada de la oficina del Departamento del Tesoro en Washington y que pidió desalojar a los cubanos del María Isabel Sheraton.



Un asunto como éste incluye muchas tonalidades a considerar; por una lado está la ingerencia de un gobierno extranjero en asuntos de índole nacional mexicana; es como si Estados Unidos y sus leyes se extendieran hasta México. Luego, otro asunto muy severo que es la discriminación hacia un grupo nacional; en este caso, los cubanos, quienes por su origen fueron maltratados y negados los servicios.



El asunto está llegando a las más altas esferas del Gobierno Mexicano, se ha criticado la posición del mismo en el asunto. Primero el Canciller Eugenio Derbez toma una actitud proteccionista de la acción realizada, luego horas más tarde (suponemos después de que alguien le jaló las orejas) declaró que se exigiría

una explicación al gobierno norteamericano sobre esta obvia violación a la soberanía nacional.



Sin importar lo que acontece en México, el Departamento de Estado Norteamericano, a través de su vocero Sean McCormack, respaldó la decisión del hotel María Isabel Sheraton al decir que la ley estadounidense se aplica a corporaciones o sus subsidiarias sin importar dónde estén, por lo tanto lo acontecido en el Sheraton les parece totalmente correcto.



Esto, bajo el argumento de que toda empresa estadounidense y sus filiales en otros países tienen prohibido tener nexo comercial con cubanos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su oficina de Control de Bienes Foráneos, ordenó a Star Wood Hotels and Resort World Wile expulsar de su filial Sheraton en el DF a la delegación cubana.



Esta situación está destapando nuevos situaciones que no se habían visto antes en México y que ponen en duda la soberanía y las relaciones comerciales de empresas transnacionales tanto Norteamericanas como Mexicanas.



El hecho de que el personal del Sheraton sólo cumplía ordenes de arriba no lo exime de la cantidad de leyes que se rompieron en México. Se habla de que la organización podría recibir multas de hasta 100,000 días de salario mínimo, además que al ponerse en el ojo del huracán está siendo blanco de detalladas investigaciones y revisiones por parte de las autoridades, como si esto fuera una forma de vengarse de la transnacional.



Parece ser que lo que Relaciones Exteriores tardará en resolver, lo resolvió el Gobierno del Distrito Federal, anunciando la próxima clausura del inmueble. Esto, basado en muchas irregularidades encontradas recientemente a partir de lo acontecido. La más grave de estas irregularidades, la construcción sin permiso de un área de 3,000 metros cuadrados. Cuánta razón de la frase aquella, “el que esté libre de pecado...”.



Seguiremos pendientes de ver cómo la Cancillería y la Presidencia misma resuelven este asunto que empezó como un asunto de derechos humanos y discriminación y está tomando tintes por demás políticos y de poder económico.